Comparativo del Proyecto de Ley de desmunicipaliación

	Qué dice la Propuesta del Colegio	Qué dice el Proyecto de Ley
	El Colegio propone el cambio estructural del modelo de gestión del sistema escolar público de Chile para construir una Nueva Institucionalidad.	El gobierno no hace propuesta de cambio del sistema, pues mantiene la figura del Alcalde como autoridad máxima del Consejo Directivo de las Agencias Públicas de Educación local y dirime en caso de diferencias entre los Consejeros.
	Nuestra propuesta es enfática en señalar que no existe solución en lo local, en tanto ha sido este modelo de gestión disperso el que ha hecho crisis durante 30 años.	Mantiene la municipalización en algunas comunas y en otras propone la alcaldización, lo que es otra solución en lo local de manera híbrida y poco clara.
	Nuestra propuesta ha planteado el retorno de la educación al Ministerio de Educación de manera descentralizada y autónoma, alejada de los ciclos electorales y políticos.	Este proyecto no considera al Ministerio de Educación en ningún término, ya que serán la Superintendencia de Educación, la Contraloría General de la República, la Agencia de Aseguramiento de Calidad y el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública quienes intervienen en los procesos de creación de las agencias, administración, rendición de cuentas, acompañamiento pedagógico, etc.
	En nuestro proyecto los Directores Ejecutivos de las Direcciones Zonales deben ser profesionales de la educación altamente calificados y elegidos por sistema de Alta Dirección Pública de segundo nivel jerárquico.	El proyecto del gobierno establece que cualquier profesional o licenciado con 8 semestres de estudio puede ser Director Ejecutivo de las APEL, los que serán elegidos bajo un sistema que no es el de Alta Dirección Pública, ya que solo establece que el Servicio de Alta Dirección Pública presentará un terna, dentro de los cuales una comisión integrada por un representante del CD, un representante del Sistema de Alta Dirección Pública y un director de establecimiento educacional de la Agencia.
	Nuestra propuesta establece que el sistema educativo público debe ser autónomo e independiente de los ciclos políticos electorales en tanto la educación debe ser una política de Estado permanente.	El proyecto del gobierno mantiene una importante injerencia de las autoridades políticas de turno, tanto electas (alcaldes) como designadas (SEREMI e Intendentes).
	Nuestro proyecto establece criterios claros para la conformación de las Direcciones Zonales como las características culturales e idiosincráticas, las necesidades pedagógicas y de desarrollo local de una zona determinada, entre otras.	El proyecto del gobierno considera elementos geopolíticos al autorizar el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública la agrupación de Comunas para la conformación de las APEL Supra - comunales.
	El proyecto del Colegio de Profesores propone asegurar la unidad cultural del país a través de un Currículo Nacional (el que debe ser particularizado en cada zona) y un Sistema coherente u coordinado por el Mineduc a través del Servicio Nacional de Educación.	El proyecto del Gobierno mantiene la atomización cultural expresada en tantos proyectos educativos y curriculares como APEL existan, sin más coherencia y articulación pedagógica que los énfasis y el control ejercido por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad.
	Nuestro proyecto establece los criterios de legitimidad y representación de los actores sociales y educativos para la conformación de los espacios de participación, tanto a nivel de las Direcciones Zonales como en las comunidades educativas. La participación es considerada de manera amplia y pertinente de acuerdo a los roles que juegan en la vida social, cultural y económica de la zona determinada.	El proyecto del Gobierno considera de manera estrecha la participación al limitar la incidencia en la toma de decisiones a los actores más relevantes como los Estudiantes y Docentes. El mecanismo para definir el Consejo Directivo no asegura participación ni autonomía en sus funciones, ya que la mayor parte de ellos son nombrados por las autoridades electas (alcaldes) y designadas (intendente), lo que no evitará la compra-venta de favores políticos en educación.
	Nuestra propuesta considera el financiamiento vía presupuesto anual de la nación según necesidades y costos reales de la administración del sistema y de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se viven dentro y fuera del aula.	El proyecto del gobierno insiste en la fracasada subvención por asistencia media del alumno y en fondos focalizados para los sectores más vulnerables.
	El Colegio propone un Fondo de Revitalización de la Educación Pública que tenga por objeto instalar progresivamente la Nueva Institucionalidad, saldar el déficit municipal en educación.	El proyecto del gobierno no se pronuncia respecto a estos temas.
	La propuesta del Colegio de Profesores propone acabar con la política segregadora de la subvención y del financiamiento compartido.	El artículo 23, letra f) permitiría la reproducción del copago de las familias en educación.
	Nuestra propuesta establece que todos los trabajadores (antiguos y nuevos) del nuevo sistema, sean o no profesionales de la educación sean traspasados y contratados a través del estatuto administrativo de los funcionarios públicos.	El proyecto del gobierno establece que los trabajadores que no sean profesionales de la educación serán asimilados al Código del Trabajo. Por otra parte los trabajadores de la educación (profesionales y asistentes) que se desempeñen actualmente en el sistema escolar municipal mantendrán sus obligaciones y derechos, mientras que los que sean contratados por primera vez en las APEL, serán contratados por el Código del Trabajo. Esto acaba, entre otras cosas con el Estatuto y consagra la flexibilidad laboral absoluta.